Los recursos hídricos en Chile se explican mejor con una secuencia que con una cifra. En julio de 2026, entre Coquimbo y Biobío el déficit de precipitaciones superaba el 70%. Cinco días después de un río atmosférico categoría 4, el déficit de Santiago había caído del 85% al 17% y La Serena acumulaba más del doble de su precipitación anual promedio. Trece personas murieron y más de cien mil quedaron aisladas.
Esa secuencia —sequía extrema seguida de un evento extremo de lluvia— resume bastante bien el problema de los recursos hídricos en Chile. No es solo que falte agua. Es que llega cuando y donde no se puede aprovechar.
La megasequía cumple dieciséis años
Desde 2010, la zona entre Coquimbo y La Araucanía acumula un déficit de precipitaciones cercano al 30%, de manera ininterrumpida. El Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) la bautizó «megasequía» y la describió como un fenómeno sin precedentes en el registro instrumental chileno.
Un dato que conviene tener presente antes de sacar conclusiones apresuradas de un invierno lluvioso: el propio CR2 fue explícito en 2023, ante un escenario parecido, en que «con solo un invierno lluvioso aún es prematuro anunciar el término» de la megasequía. La tendencia estructural de largo plazo se mantiene, independientemente de lo que ocurra en una temporada.
Los decretos de escasez cuentan una historia que sorprende
Aquí hay un dato que contradice la percepción general. Al 27 de agosto de 2026, la Dirección General de Aguas registra solo cuatro decretos de escasez hídrica vigentes: la provincia de Elqui, el sector hidrogeológico de Lluta Bajo, la provincia de Choapa y la provincia de Chiloé.
Para dimensionarlo: en abril de 2021 había 17 decretos vigentes que cubrían 104 comunas —el 30% del país— y afectaban a 778.495 personas. Entre 2008 y 2021 se dictaron 167 decretos, con un récord de 33 solo en 2020.
Sin embargo, la caída no significa que el problema se haya resuelto. Significa que la herramienta cambió de uso: los decretos que hoy están vigentes son prórrogas de decretos anteriores, cuando históricamente duraban seis meses no renovables. Y la reforma al Código de Aguas incorporó una facultad más relevante: ante problemas de disponibilidad, la DGA o la Junta de Vigilancia pueden reducir el ejercicio de los derechos y redistribuir las aguas incluso sin decreto de escasez.
Esa facultad tiene una consecuencia práctica directa para cualquier titular de derechos: en una redistribución, quien no puede acreditar su uso efectivo está en desventaja.
Lo que dicen las proyecciones oficiales sobre los recursos hídricos en Chile
La Actualización del Balance Hídrico Nacional, elaborada por la DGA junto a la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica sobre 174 cuencas, entrega el panorama más sólido disponible:
- Los caudales de Aconcagua, Maipo, Rapel, Mataquito y Maule cayeron entre 13% y 37% en las últimas tres décadas.
- Entre 2030 y 2060 se proyecta una reducción de caudales medios anuales de hasta 25%, con cuencas donde el promedio bordea el 30% y escenarios extremos de hasta 50%.
- De Arica y Parinacota al Maule, la precipitación anual promedio ya bajó 29%.
Conviene ser cuidadoso con las cifras que circulan. La afirmación de que «Chile se quedará sin agua al 2040» proviene de proyecciones del World Resources Institute, no de una proyección oficial del Estado chileno. Lo verificable y defendible son los números del Balance Hídrico.
Quién usa los recursos hídricos en Chile
Según la DGA, la demanda consuntiva nacional se reparte así: agricultura 72%, agua potable urbana 11%, industria 7%, minería 4%, generación eléctrica consuntiva 4%, servicios sanitarios rurales 1% y uso pecuario 1%.
Además, el promedio nacional vuelve a esconder la realidad regional. En el Maule la agricultura concentra el 96% de la demanda. En Antofagasta, la minería llega al 57%. Cualquier política —o cualquier estrategia de eficiencia— que ignore esa heterogeneidad falla por diseño.
El eslabón débil: los sistemas rurales
Chile exhibe una cobertura urbana de agua potable de 99,94% y de alcantarillado de 97,48%. En zonas rurales, la Casen 2022 muestra que solo el 47% de los hogares tiene agua potable por cañería y menos del 5% cuenta con alcantarillado.
Los 1.973 sistemas de agua potable rural registrados abastecen a cerca de 1,93 millones de personas, pero apenas 367 de ellos (18,7%) cuentan con red de alcantarillado o tratamiento. La Ley 20.998, vigente desde noviembre de 2020, reorganizó el sector y entregó su fiscalización y fijación tarifaria a la SISS.
Dónde entra la tecnología en los recursos hídricos de Chile
Por supuesto, ninguna tecnología produce agua. Lo que sí hace el monitoreo remoto es cerrar la brecha de información que está detrás del 26 sobre 100 que Chile obtiene en gestión integrada de recursos hídricos.
En concreto, medir de forma continua permite tres cosas que hoy son exigibles:
- Cumplir. El Monitoreo de Extracciones Efectivas de la DGA obliga a transmitir volumen, caudal y nivel freático. Lo detallamos en el artículo sobre telemetría DGA.
- Acreditar uso. Con derechos que caducan por no uso y redistribuciones sin decreto de escasez, el registro de extracción es la prueba.
- Reducir. No se puede optimizar lo que no se mide. Es el punto de partida de la eficiencia hídrica y de cualquier cálculo de huella hídrica.
Para el marco completo, revisa nuestra guía de gestión sostenible del agua en Chile. Y si quieres saber cuánta agua entra y sale de tu operación en tiempo real, así es como funciona nuestro monitoreo remoto de estanques y pozos.



